Colombia enfrenta un dilema fiscal sin precedentes: ¿cómo cubrir un déficit en medio de un contexto económico adverso y con una baja capacidad de generación de ingresos? En el primer semestre de 2025, el déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó los $69,4 billones, equivalente al 3,8 % del PIB, el peor registro en dos décadas (Ministerio de Hacienda, 2025). Los ingresos sumaron apenas el 8,7 % del PIB, mientras que el gasto llegó al 12,5 %.
A esto se suma un presupuesto 2025, ambicioso pero desfinanciado, que trasladará al próximo gobierno una situación fiscal compleja. Paradójicamente, quien aspire a gobernar deberá prometer más gasto para ganar las elecciones, pero al comenzar su mandato deberá reducir sus expectativas de gasto. Esta brecha amenaza con erosionar la confianza de inversionistas, mercados y ciudadanos.
El panorama se agrava con limitaciones estructurales. La pobreza, aunque descendió del 60 % en 1991 al 26,9 % en 2017, volvió a crecer con la pandemia, llegando a un 42,5 % en 2020 y estabilizándose en un 36,6 % en 2022 (Dane, 2023). El desempleo, que alcanzó un 15,9 % en 2020, bajó a un 9,6 % en 2023, pero más del 58 % de los ocupados siguen en la informalidad. A esto se suma un Estado con debilidad institucional, donde predomina un gasto de funcionamiento alto y poca inversión productiva.
La deuda pasó del 36 % del PIB en 2012 al 65,3 % en 2020, y se situó en un 61,3 % en 2024 (Banco de la República, 2024). En paralelo, la corrupción drena entre un 4 % y 6 % del PIB cada año (Ocde & Contraloría General, 2023). Las soluciones implementadas han sido parciales e inconexas: subsidios que refuerzan la dependencia, programas de emprendimiento sin ecosistemas sólidos y proyectos de inversión con bajo impacto productivo.
A pesar de este panorama, tres claves pueden ayudar a recuperar la senda de crecimiento: austeridad, petróleo y regiones.
Austeridad inteligente
La austeridad no significa gastar menos indiscriminadamente, sino gastar mejor. Hoy casi el 80 % del presupuesto está comprometido en funcionamiento, deuda y transferencias, dejando poco margen para la inversión. Según la Contraloría, cerca del 20 % del presupuesto nacional se destina a subsidios que no siempre cumplen sus objetivos (CGR, 2024). En este contexto, austeridad significa eliminar duplicidades, depurar subsidios ineficientes, racionalizar burocracias y evaluar con rigor la calidad del gasto.
Además, la austeridad puede ser un antídoto contra la corrupción. Con menos recursos disponibles, cada peso es más visible y vigilado, lo que reduce los espacios para la malversación. Experiencias internacionales muestran que la austeridad acompañada de sistemas de control rigurosos puede fortalecer la transparencia y la credibilidad del Estado. Casos como Chile en los años ochenta y Perú en los noventa son lecciones de disciplina fiscal (Edwards & Cox, 1992; Carranza, 2001).
Reducir el gasto de funcionamiento en un 10 % podría significar ahorros de $40 billones. Redefinir el perfil de la deuda, aumentando su plazo en 5 años, podría reducir presiones en $33 billones. Disminuir la corrupción en un 50 % evitaría pérdidas cercanas a $34 billones.
Transición energética: sí, pero con estrategia
El petróleo sigue siendo el gran pulmón fiscal de corto plazo. En mayo de 2025, la producción fue de 749.837 barriles/día, un 4,8 % menos que un año antes y lejos del millón de barriles/día alcanzado en 2013 (ANH, 2025). Históricamente, Colombia pasó de una media de 550 a 600 mil barriles entre 2005–2008 a un pico cercano al millón en 2013, para luego estabilizarse en torno a 750 mil barriles entre 2020–2025. Con reservas probadas de 2.035 millones de barriles, deberíamos poder aumentar la producción.
La inversión proyectada para 2025 es de USD 4.600–4.800 millones, con baja proporción destinada a exploración (Campetrol, 2025). El aporte del petróleo es decisivo: representa entre el 15 % y 20 % de los ingresos fiscales y cerca de la mitad de las exportaciones. Sin embargo, la caída de precios y producción ha reducido su peso en las finanzas públicas.
Documentos de prospectiva de la Upme y la ANH plantean escenarios: (i) mantener condiciones actuales nos dejaría en torno a 720–780 mil barriles/día; (ii) con reformas regulatorias, licencias ágiles y seguridad jurídica, podríamos llegar a 850–950 mil barriles/día hacia 2030; (iii) sin cambios, la producción podría caer a 600–680 mil barriles/día, aumentando la dependencia de combustibles importados (Upme, 2024).
El reto es permitir que la explotación siga y se acelere, pero haciendo un pacto de buen uso de esos recursos. Aprovechar los ingresos petroleros como puente para financiar la transición energética, diversificar la economía y fortalecer capacidades regionales. Sin embargo, el uso de regalías en Colombia ha sido poco estratégico: aunque redujeron brechas sociales, no se consolidaron bases sólidas para la transformación productiva (Bonet & Urrego, 2014). Invertir en desarrollar el plan maestro de logística intermodal —Pmti- definido por el DNP hace años, garantizando la conectividad de los llanos orientales con el resto del país, solucionar las dificultades hidráulicas de la Mojana y dinamizar la Economía Azul, podría multiplicar el efecto de estos recursos.
Liberar la fuerza de las regiones
La tercera clave, y la más estratégica, es permitir que las economías regionales florezcan. La lógica es clara: si las regiones crecen, el país crece; y si el país crece, la economía crece y con ella la base tributaria se amplía.
En los últimos diez años, nueve departamentos y el Distrito Capital crecieron por encima del PIB nacional en al menos seis años. Bogotá y Antioquia lideran, seguidos por Valle del Cauca, Vaupés y Vichada, así como Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Quindío y Risaralda, lo que se observa en las bases del PIB departamental publicadas por el Dane. Estos casos muestran que, a pesar de limitaciones, las regiones han encontrado caminos para atraer inversión y fomentar innovación.
Este desempeño prueba que debemos pensar en liberar la fuerza de las regiones. El Gobierno Nacional debe reconocerlas como dinamizadores del desarrollo, estimulando a las más dinámicas y creando condiciones para que las menos competitivas logren mejorar. No se trata de verlas solo como fuente de ingresos fiscales, ni opositores políticos, sino como motores de competitividad.
El mensaje político también es evidente. Los 32 gobernadores alertaron de qué decisiones del Gobierno central están asfixiando la autonomía territorial (Infobae, 20 de agosto, 2025). El centralismo fracasó, y persistir en ese modelo solo ampliará las brechas. El camino es un Estado central facilitador, que invierta en infraestructura, conectividad digital, educación técnica y seguridad jurídica para que las regiones activen su propio crecimiento.
Un federalismo económico gradual permitiría que las regiones con mayor capacidad se integren a los mercados globales, mientras otras avanzan paso a paso en el fortalecimiento de su tejido productivo. Esta diferenciación, acompañada de inversión estratégica, es esencial para un florecimiento sostenible.
Conclusión: tres claves, un horizonte
En conclusión, Colombia necesita un horizonte compartido. Las cifras son un campanazo de urgencia: déficit en alza, petróleo en declive y regiones que reclaman voz. La salida no está en fórmulas mágicas, sino en combinar tres claves: austeridad para ordenar, petróleo para estabilizar y regiones para dinamizar.
Si acogemos estas tres claves con decisión y prudencia, podremos transformar la crisis fiscal en una oportunidad histórica: construir un país más responsable, más productivo y más justo con sus territorios.
